El juicio verbal es uno de los procedimientos más utilizados en el Derecho procesal civil español. Su simplicidad y agilidad lo hacen ideal para conflictos de menor cuantía o complejidad. Con las recientes reformas de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), este procedimiento ha sido optimizado para garantizar una justicia más eficiente y adaptada a las demandas actuales.
La oferta vinculante, regulada en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/2025 de 2 de enero, introduce un mecanismo innovador para la resolución de conflictos en materia civil y mercantil.
En lugar de facilitar el acceso a la justicia, los MASC añaden un nuevo paso previo que, en muchos casos, resulta ineficaz. El ciudadano, ya agotado por el incumplimiento de su contraparte, ahora debe invertir tiempo y recursos en un proceso que sabe de antemano que no resolverá el conflicto.
En 2025 cumpliré tres décadas de ejercicio. Tres décadas en las que he visto de todo: reformas legales anunciadas como revoluciones que no llegan a nada, digitalizaciones que han complicado lo sencillo, y un Poder Judicial que parece más una carga que un motor. Pero también he visto algo más: la capacidad de la abogacía para adaptarse y sobrevivir. La capacidad de resistir. Y sobre todo, la capacidad de pelear.
El artículo 278 LEC es un ejemplo de cómo la ley puede adelantarse a su tiempo, pero también de cómo la falta de confianza y la resistencia al cambio pueden frenar los avances. Aunque esta norma tiene el potencial de revolucionar la justicia, en la práctica ha quedado relegada a un cajón.
La creciente incidencia de estafas informáticas ha planteado serios desafíos tanto para los usuarios de sistemas de pago como para las instituciones bancarias, que se ven envueltas en reclamaciones de responsabilidad civil por operaciones fraudulentas
El sueldo de un político no se limita a su salario base. También incluyen dietas exentas de impuestos por desplazamientos, residencias, intervenciones en plenos, mociones y otras actividades parlamentarias. Estos beneficios se suman a las dobles o triples pagas extraordinarias y complementos por prácticamente cualquier motivo. Y lo más indignante es que estos privilegios se otorgan sin pasar por un proceso de selección competitivo o transparente. No se han sometido a exámenes, ni oposiciones; solo han demostrado lealtad a su líder.
