La Constitución Española contiene absolutamente toda la defensa y protección de y a las minorías. Pero nadie ejerce derecho constitucional ni derechos civiles en España. Es como si no existiera. Las leyes impuestas por una aprovechada y maldita minoría están desnaturalizando la función legislativa y debilitando el principio de mayoría democrática.

Maldita minoría

La creciente tendencia a legislar para conseguir poder en favor de colectivos hiperminoritarios, ignorando el principio de representación proporcional, ha derivado en una preocupante anomalía jurídica. Hoy, una maldita minoría, que apenas representa al 5 o 6% de la población, no solo condiciona el discurso político, sino que impone marcos legislativos enteros que afectan a la totalidad del cuerpo social. Esta dinámica ha convertido a Europa —y a España en particular— en un campo de pruebas ideológicas con consecuencias devastadoras en educación, economía, y acceso a la vivienda.

El principio de soberanía popular y su perversión

La Constitución Española, en su artículo 1.2, declara con claridad que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. Este principio exige que la legislación represente la voluntad mayoritaria, articulada a través del sistema parlamentario. No obstante, la práctica revela que, mediante pactos, cesiones o presiones políticas, se está legislando en beneficio de una maldita minoría con exigencias identitarias, morales o ideológicas muy alejadas del consenso general.

Cuando se aprueban leyes que imponen ideología de género obligatoria en la educación infantil, reordenan el lenguaje jurídico en función de minorías o redefinen el concepto de familia o patria potestad con arreglo a lobbies y no al interés general, se rompe el equilibrio democrático. No es que se protejan derechos de colectivos vulnerables —lo cual es deseable y necesario—, sino que se desnaturaliza la finalidad universal de la norma, transformando al Derecho en un instrumento al servicio de identidades parciales.

 La ley como producto de presión de la maldita minoría

El problema no reside en la existencia de minorías —que son propias y necesarias en una democracia plural—, sino en la sobreponderación artificial de su voz jurídica. Un buen ejemplo son las leyes promulgadas bajo presión mediática o cultural, redactadas sin consulta ni debate técnico, y con consecuencias que afectan incluso a quienes no forman parte del colectivo beneficiado.

El fenómeno de la hiperlegislación por corrección política responde más al miedo que al Derecho. Miedo a ser calificado de racista, machista, retrógrado o intolerante. Y ese miedo ha llevado a una parálisis legislativa racional, donde la crítica técnica se considera herejía. Este estado de sumisión institucional impide el control de calidad normativa, y da paso a leyes aceleradas, inconsistentes y, en algunos casos, jurídicamente inconstitucionales.

Efectos concretos en la estructura jurídica del Estado

La imposición de normas diseñadas para una maldita minoría trae consigo una cadena de distorsiones jurídicas:

–Inseguridad jurídica: términos indeterminados como “autodeterminación de género” sin criterios clínicos, crean un marco de interpretación arbitraria.

–Desigualdad inversa: ciertos colectivos reciben beneficios legales o fiscales que el ciudadano medio no puede obtener, vulnerando el principio de igualdad del artículo 14 CE.

–Colapso judicial: la proliferación de normas sin desarrollo reglamentario coherente lleva a un alud de litigios, recursos y contradicciones jurisprudenciales.

–Deslegitimación democrática: cuando el ciudadano percibe que la ley no le representa, sino que le impone una visión ajena, deja de confiar en las instituciones.

Maldita minoría

El parlamentarismo se ha convertido en una cámara de eco de estas malditas minorías, gracias al poder de chantaje que ejercen sobre gobiernos en minoría. La necesidad de formar coaliciones ha abierto la puerta a cesiones legislativas inaceptables, donde lo que se negocia no son derechos ni políticas públicas, sino dogmas ideológicos impuestos como axiomas jurídicos.

El resultado es una producción normativa sectaria, ajena al interés general, que afecta negativamente a todos: familias, docentes, profesionales de la salud, empresarios e incluso al propio Estado, que pierde capacidad de decisión real.

Consecuencias visibles: educación, economía y vivienda

La educación se ve alterada por currículos sesgados que privilegian lo identitario sobre lo competencial. La economía se ahoga bajo subvenciones improductivas para satisfacer a estos grupos, y se distorsiona el mercado laboral con cuotas y privilegios laborales injustificados.

En vivienda, se bloquean normativas de construcción, alquiler o urbanismo en nombre de “inclusividad”, cuando la realidad es una crisis de acceso que perjudica gravemente a la mayoría silenciosa.

¿Qué respuesta jurídica cabe?

No se trata de cuestionar derechos de las minorías —que están protegidos por el marco constitucional—, sino de recuperar el principio de legalidad como instrumento de equilibrio. La respuesta no puede ser el silencio ni la resignación.

Jurídicamente, es urgente:

– Fortalecer el control de constitucionalidad material sobre leyes identitarias.

– Revisar el procedimiento legislativo para garantizar estudios de impacto normativo real.

 -Establecer mecanismos de representación ponderada, evitando el secuestro parlamentario de la mayoría por una minoría desproporcionada.

– Activar el artículo 161 CE mediante recursos de inconstitucionalidad más activos por parte de órganos legitimados.

La democracia representativa no puede ceder al chantaje emocional ni al miedo a ser etiquetado. El Derecho no está al servicio de una maldita minoría que impone su visión al conjunto de la sociedad. Está para garantizar la convivencia pacífica, ordenada y equitativa. De lo contrario, la debilidad normativa que vivimos nos llevará, inexorablemente, a una decadencia institucional que será difícil de revertir.

Como advirtió Tocqueville: “el gran peligro de la democracia no es la tiranía de la mayoría, sino la dictadura de la minoría”.

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Javier Beltrán-Domenech. Abogado especializado en Derecho Procesal y Derecho Civil. Javier Beltrán Abogados Alicante.

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