El comunismo en la política de vivienda: pobreza y hambre. Una deriva contraria a la Constitución y al Derecho de propiedad. Nefasta política de vivienda forzada por mantenerse en el poder.

Nefasta política de vivienda

El anuncio por parte del Gobierno de una serie de medidas intervencionistas en el mercado de la vivienda ha suscitado una profunda preocupación en los operadores jurídicos. Bajo el pretexto de “garantizar el derecho a la vivienda”, se articulan propuestas que, en realidad, se inspiran en principios propios del comunismo y que, de forma velada, socavan derechos fundamentales como la propiedad privada y la libertad de empresa.

Desde una perspectiva constitucional y jurídica, las medidas anunciadas —como la penalización de la vivienda vacía, el gravamen a la compra por parte de extranjeros no residentes o la creación de una empresa pública para competir con el sector privado— vulneran el marco legal vigente, introducen un clima de inseguridad jurídica y distorsionan el orden económico constitucionalmente garantizado.

Nefasta política de vivienda

La palabra comunismo no se menciona de forma expresa en el argumentario del Ejecutivo, pero subyace en la lógica intervencionista que inspira sus actuaciones. Se parte de una desconfianza profunda hacia la iniciativa privada, considerándola culpable del problema de acceso a la vivienda. Así, se plantea que el Estado asuma funciones propias del mercado libre, desde la construcción de inmuebles hasta su gestión y adjudicación.

La Constitución Española, en su artículo 33, reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. Si bien este derecho puede ser delimitado por su función social, dicha limitación debe respetar siempre los principios de proporcionalidad, legalidad y seguridad jurídica. Lo que proponen estas medidas es un asalto directo al núcleo del derecho de propiedad, transformando su titularidad en una especie de concesión precaria sujeta al capricho de la administración.

En este contexto, imponer un 21% de IVA a los pisos turísticos o gravar viviendas desocupadas no responde a una política fiscal legítima, sino a una estrategia de ingeniería social propia de regímenes inspirados en el comunismo, donde la iniciativa individual se subordina por completo a los fines del poder político.

Inseguridad jurídica y vulneración del orden económico

El artículo 38 de la Constitución garantiza la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado. Las decisiones del Gobierno, sin embargo, socavan esta libertad, desincentivando la inversión tanto nacional como extranjera. La intervención masiva del Estado en el mercado inmobiliario genera una fuerte inseguridad jurídica, con efectos directos sobre la inversión, la producción de vivienda y la creación de empleo.

Desde el punto de vista administrativo, la creación de una empresa pública destinada a construir y gestionar viviendas constituye una competencia desleal hacia el sector privado. Además, el diseño y aplicación de impuestos punitivos para determinados usos legítimos de la propiedad privada, como el alquiler turístico o la tenencia de vivienda desocupada, vulnera el principio de capacidad económica y puede dar lugar a un aluvión de recursos ante los tribunales contencioso-administrativos.

En definitiva, estamos ante una política que remite al comunismo en sus formas y consecuencias: la supresión de los incentivos individuales, el control estatal de la economía y el deterioro de la libertad.

Consecuencias jurídicas y sociales

Estas medidas pueden generar litigiosidad masiva. La inseguridad jurídica propicia recursos de inconstitucionalidad, impugnaciones de disposiciones reglamentarias y un incremento de la conflictividad administrativa. Asimismo, puede producirse una fuga de capital, una retracción de la oferta inmobiliaria y un encarecimiento general del mercado que perjudica, precisamente, a quienes el Gobierno pretende proteger.

Lejos de resolver el problema del acceso a la vivienda, este modelo de inspiración comunista lo agrava. La experiencia internacional muestra que los sistemas basados en el control estatal de la vivienda desembocan en escasez, corrupción y degradación del parque inmobiliario.

Además, el relato oficial criminaliza al propietario, al inversor y al promotor, presentándolos como enemigos del interés general. Esta narrativa, de corte netamente populista, niega la complejidad del fenómeno y desprecia la contribución del sector privado a la generación de riqueza y bienestar.

Respeto a la propiedad y soluciones reales

La vivienda no se crea mediante prohibiciones, impuestos ni estigmatización del propietario. El camino constitucional pasa por incentivar la construcción, reducir la burocracia, agilizar las licencias y fomentar la colaboración público-privada. Solo con seguridad jurídica, respeto al marco legal y diálogo institucional es posible garantizar el derecho a la vivienda de forma efectiva y sostenible.

El comunismo, lejos de ser una solución, representa una regresión jurídica y económica que amenaza los principios fundamentales de nuestro Estado de Derecho. El legislador debe recordar que los derechos sociales, por muy loables que sean, no pueden lograrse destruyendo los pilares del orden jurídico.

Nefasta política de vivienda

Como advirtió el Tribunal Constitucional, «la función social de la propiedad no puede vaciar de contenido el derecho mismo». En nuestro Despacho posiblemente podamos encontrar una solución para su caso si está siendo afectado por estas medidas o desea defender sus derechos como propietario. Puede pedir cita previa presencial, telefónica o por videoconferencia de una o media hora llamando al 966171294 o enviando un mensaje al WhatsApp 628425987.

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Javier Beltrán-Domenech (Perfil en LinkedIn) es abogado especializado en Derecho Procesal y Derecho Civil. Javier Beltrán Abogados Alicante.

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