En 2025 cumpliré tres décadas de ejercicio. Tres décadas en las que he visto de todo: reformas legales anunciadas como revoluciones que no llegan a nada, digitalizaciones que han complicado lo sencillo, y un Poder Judicial que parece más una carga que un motor. Pero también he visto algo más: la capacidad de la abogacía para adaptarse y sobrevivir. La capacidad de resistir. Y sobre todo, la capacidad de pelear.
La conjunción de factores económicos, sociales y legislativos está llevando a una situación de colapso inmobiliario que amenaza con provocar el cierre masivo de inmobiliarias, complicar el acceso a la vivienda y acentuar las desigualdades sociales
Esto significa que ambos progenitores deben tomar conjuntamente decisiones trascendentales sobre la educación, salud y bienestar de los menores y tener Información de hijos menore. Sin embargo, para que el progenitor no custodio pueda ejercer adecuadamente la patria potestad, necesita estar debidamente informado sobre cualquier aspecto relevante que afecte a sus hijos.
El Derecho a la Comisión del Mediador fue abordado, de forma definitiva, por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 21 de mayo de 2014 (STS 2465/2014). Los Juzgados y Tribunales deben, deberían, someterse a este criterio.
El artículo 278 LEC es un ejemplo de cómo la ley puede adelantarse a su tiempo, pero también de cómo la falta de confianza y la resistencia al cambio pueden frenar los avances. Aunque esta norma tiene el potencial de revolucionar la justicia, en la práctica ha quedado relegada a un cajón.
La creciente incidencia de estafas informáticas ha planteado serios desafíos tanto para los usuarios de sistemas de pago como para las instituciones bancarias, que se ven envueltas en reclamaciones de responsabilidad civil por operaciones fraudulentas
El sistema judicial en España se encuentra en una crisis estructural que compromete la eficacia de su labor, y sin Justicia no hay paraíso. El retraso en los procedimientos, la sobrecarga de trabajo y una insuficiencia de medios materiales y humanos, han provocado que los tribunales no puedan cumplir adecuadamente con su función constitucional de impartir justicia.
