Una cosa es un libro y otra, casi siempre peor, es la película o serie sobre el original. Las hay de acción, drama, comedia, ambiente, históricas, bélicas con personajes cuyo autor escribió masculinos, femeninos, hombre o mujer. No por nada, sino porque lo pensó así y así lo llevó al papel.
Los problemas surgen a la hora de dar inicio al cómputo de ese plazo de 10 días que nos otorga el juzgado: no queda claro si el mismo debe comenzar a contar desde la notificación en la que se otorga el plazo, o si el mismo debe transcurrir desde que efectivamente el letrado, vía procurador, obtiene el “tocho” original que llamamos “autos” del Juzgado de Instrucción y puede leer, ordenado y con los folios numerados, qué pruebas propone o qué impugna. Un asunto puede estar en instrucción varios años.
Por muchos años que pasen (25 este 2020), juicios a los que asisto, consultas en las que aconsejo, charlas a las que voy, leyes que cambian o derogan y sentencias (instancia y apelación) que vemos en el Despacho, crean lo que les digo: aún no sé quién inventó la idea de vender a los padres la custodia compartida (tiempos exactos), cuáles son los beneficios reales (para ellos y para sus hijos) ni cuáles son los requisitos (diga lo que diga el Código Civil, que no dice nada) que tienen que darse.
Con la suspensión de la actividad docente presencial surgieron diversas y numerosas dudas colectivas, tales como: ¿Qué va a pasar ahora? ¿Vamos a perder el resto del curso? ¿Tocará repetir ciertas asignaturas y/o el curso? ¿Qué pasa con la selectividad? Y con éstas, muchas más.
En definitiva, existe la convicción entre diferentes profesionales en la materia de que el uso de un lenguaje claro tanto en sentencias, leyes, resoluciones administrativas… favorece el desarrollo de los sistemas democráticos, dado que se producirá también la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Respecto a las rentas de los locales de negocio, como nos comunicó nuestro Presidente en un discurso televisivo “nada preparado” y “clarísimo”, parece que el estado de alarma provocado por la crisis del COVID-19 se prorrogará hasta el 11 de abril de 2020 (de momento), y el Real Decreto 463/2020, como es lógico, obliga a cerrar todos los negocios que no sean de primera necesidad. ¿Qué solución se nos da a los autónomos/mutualistas/abogados y a las empresas que no podamos pagar el alquiler por la falta de ingresos? Porque igual que nos pasa a los abogados, muchos otros empresarios no podrán pagar a su arrendador el mes de abril (mínimo) debido a que marzo no ha sido productivo por imposición del Gobierno.
La expresión de opiniones y reacciones por los jueces en las redes sociales puede afectar gravemente a la apariencia de imparcialidad, además de ser reflejo de una conducta que ha de preservar la dignidad de la función jurisdiccional. Por eso surge el deber ético de ser extremadamente cuidadosos a la hora de expresar sus opiniones, efectuar valoraciones personales y reaccionar ante publicaciones ajenas, siempre que exista la razonable posibilidad de que puedan ser reconocidos como integrantes del Poder Judicial.
