El fenómeno del jubilado sin casa ya no es un asunto marginal. Afecta a miles de personas que, sin ser pobres, tampoco son propietarias y dependen del mercado del alquiler sin respaldo legal suficiente. No se trata solo de un problema económico, sino de un vacío jurídico.
La creciente oleada de ocupaciones ilegales en España ha revelado una inquietante realidad: el ordenamiento jurídico actual es ineficaz frente al fenómeno, y las reformas adoptadas hasta la fecha, cuando no inexistentes, resultan claramente insuficientes. El concepto de cárcel para ocupas, lejos de ser una consigna populista, constituye una exigencia legítima desde el punto de vista del Derecho Penal, de la tutela judicial efectiva y de la defensa de la propiedad privada.
La Constitución Española contiene absolutamente toda la defensa y protección de y a las minorias. Pero nadie ejerce derecho constitucional ni derechos civiles en España. Es como si no existiera. Las leyes impuestas por una maldita minoría están desnaturalizando la función legislativa y debilitando el principio de mayoría democrática.
El comunismo en la política de vivienda: pobreza y hambre. Una deriva contraria a la…
Sr. Sánchez, no estamos en guerra. Es un virus, y no tiene ideología militar. Si estudia Ud la historia, y vida, de los anteriores políticos y militares, a los que le hacen emular desde que llegó a la Moncloa, sabrá que en una guerra no se tiene a la población desarmada, amedrentada, convertida en policía de su vecino, con la televisión y series a tope, eso sí.
