A los meses, los jueces de la Audiencia estimaron el recurso y, previo valorar que se puede ser engañado, estafado y mofado siendo barrendero, notario, abogado, economista, albañil, juez o escritor, condenaron al banco a abonar a don Odiseo la cantidad reclamada, los intereses desde la demanda y a pagar las costas procesales.
Una cosa es un libro y otra, casi siempre peor, es la película o serie sobre el original. Las hay de acción, drama, comedia, ambiente, históricas, bélicas con personajes cuyo autor escribió masculinos, femeninos, hombre o mujer. No por nada, sino porque lo pensó así y así lo llevó al papel.
Los problemas surgen a la hora de dar inicio al cómputo de ese plazo de 10 días que nos otorga el juzgado: no queda claro si el mismo debe comenzar a contar desde la notificación en la que se otorga el plazo, o si el mismo debe transcurrir desde que efectivamente el letrado, vía procurador, obtiene el “tocho” original que llamamos “autos” del Juzgado de Instrucción y puede leer, ordenado y con los folios numerados, qué pruebas propone o qué impugna. Un asunto puede estar en instrucción varios años.
Una pandemia, una alarma, un confinamiento, justo o injusto, legal o ilegal, es cosa seria pero… ¿qué hizo la Administración de Justicia desde marzo a junio, incluidos? NADA. ¿Preparó o diseñó planes sabiendo que podría volver el caos? NADA. ¿Ideó algún programa o aplicación para acelerar el trabajo de miles de funcionarios, letrados y procuradores, sin tener que acudir a las Sedes? NADA. ¿Puso a trabajar a toda máquina a los funcionarios, dotándolos de medios y posibilidades? NADA. ¿Qué ha hecho desde junio a agosto? NADA. ¿VA A REPETIRSE?
Por muchos años que pasen (25 este 2020), juicios a los que asisto, consultas en las que aconsejo, charlas a las que voy, leyes que cambian o derogan y sentencias (instancia y apelación) que vemos en el Despacho, crean lo que les digo: aún no sé quién inventó la idea de vender a los padres la custodia compartida (tiempos exactos), cuáles son los beneficios reales (para ellos y para sus hijos) ni cuáles son los requisitos (diga lo que diga el Código Civil, que no dice nada) que tienen que darse.
Los abogados tenemos que ser conscientes ya de nuestro poder. Unir a todos los Colegios y actuar en “comandita”. Seamos ya conscientes del verdadero poder de la toga, de la palabra, del empleo correcto de las leyes y utilizarlos para el bien común y poder AVANZAR. Recuperar de forma correcta los llamados “derechos civiles, laborales y administrativos” de todos los ciudadanos, por igual. No estar callados ante las injusticias de Gobiernos y Tribunales cuando se politizan. Basta de designación de jueces por los partidos políticos.
En definitiva, existe la convicción entre diferentes profesionales en la materia de que el uso de un lenguaje claro tanto en sentencias, leyes, resoluciones administrativas… favorece el desarrollo de los sistemas democráticos, dado que se producirá también la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
