Es un hecho objetivo que “los españoles” no se ponen de acuerdo en nada. Para muestra, las “autonomías”. Esto es de locos y a nivel legislativo y de idiomas ni les cuento. Aquí no hay quien se sepa si una ley se aplica, o se ha modificado, de lo cambiante que es. Tampoco es un país que cumpla voluntariamente con el fisco, por motivos históricos supongo, ni que acate voluntariamente leyes ni órdenes;
Creo que los humanos somos más rutinarios de lo que queremos ser y preservamos las tradiciones. Por ello, toga sí pero cambiando algo fundamental: lo mismo que un médico no se cambia su bata con otro cuando entra a operar, por motivos obvios, en nuestra profesión debiera ser imperativo que cada abogado que ejerce en un Tribunal tuviera su toga y, manteniendo su propia esencia (su alma como diría aquél tan famoso) no intercambiarla jamás y bajo circunstancia alguna con nadie.
Es un hecho, cierto y con reciente sentencia de condena a una mujer que lo hizo en Córdoba hace pocos años, que ocurrir, ocurre. Entonces, ¿deberían los países liberales y democráticos, como en el que nosotros vivimos, legalizar o relajar el contenido penal o civil de la bigamia del mismo modo que se está haciendo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto o la eutanasia?
A los meses, los jueces de la Audiencia estimaron el recurso y, previo valorar que se puede ser engañado, estafado y mofado siendo barrendero, notario, abogado, economista, albañil, juez o escritor, condenaron al banco a abonar a don Odiseo la cantidad reclamada, los intereses desde la demanda y a pagar las costas procesales.
Una cosa es un libro y otra, casi siempre peor, es la película o serie sobre el original. Las hay de acción, drama, comedia, ambiente, históricas, bélicas con personajes cuyo autor escribió masculinos, femeninos, hombre o mujer. No por nada, sino porque lo pensó así y así lo llevó al papel.
Los problemas surgen a la hora de dar inicio al cómputo de ese plazo de 10 días que nos otorga el juzgado: no queda claro si el mismo debe comenzar a contar desde la notificación en la que se otorga el plazo, o si el mismo debe transcurrir desde que efectivamente el letrado, vía procurador, obtiene el “tocho” original que llamamos “autos” del Juzgado de Instrucción y puede leer, ordenado y con los folios numerados, qué pruebas propone o qué impugna. Un asunto puede estar en instrucción varios años.
Una pandemia, una alarma, un confinamiento, justo o injusto, legal o ilegal, es cosa seria pero… ¿qué hizo la Administración de Justicia desde marzo a junio, incluidos? NADA. ¿Preparó o diseñó planes sabiendo que podría volver el caos? NADA. ¿Ideó algún programa o aplicación para acelerar el trabajo de miles de funcionarios, letrados y procuradores, sin tener que acudir a las Sedes? NADA. ¿Puso a trabajar a toda máquina a los funcionarios, dotándolos de medios y posibilidades? NADA. ¿Qué ha hecho desde junio a agosto? NADA. ¿VA A REPETIRSE?
