A los meses, los jueces de la Audiencia estimaron el recurso y, previo valorar que se puede ser engañado, estafado y mofado siendo barrendero, notario, abogado, economista, albañil, juez o escritor, condenaron al banco a abonar a don Odiseo la cantidad reclamada, los intereses desde la demanda y a pagar las costas procesales.
Los problemas surgen a la hora de dar inicio al cómputo de ese plazo de 10 días que nos otorga el juzgado: no queda claro si el mismo debe comenzar a contar desde la notificación en la que se otorga el plazo, o si el mismo debe transcurrir desde que efectivamente el letrado, vía procurador, obtiene el “tocho” original que llamamos “autos” del Juzgado de Instrucción y puede leer, ordenado y con los folios numerados, qué pruebas propone o qué impugna. Un asunto puede estar en instrucción varios años.
Muchos de Uds se preguntan, por mucho que se les explique, quién es esa persona que se sienta cerca del Juez en los asuntos de familia y que habla y pregunta como si fuera un abogado. Se trata del Ministerio Fiscal pero…no estamos en un juicio por delito… ¿qué hace el fiscal en materia de familia?
Basta de acuerdos a toda prisa, basta de hacérselo pasar mal al cliente. Evitemos la Sala de vistas de un Juzgado de Primera Instancia todo lo que podamos, pero si al final no es posible, en temas de familia sepan que, por las posibilidades posteriores, es mejor un buen pleito que un mal acuerdo.
La minuta del Procurador. En resumen, bien entendido, el procurador de los tribunales es una figura imprescindible para darle agilidad a todo el procedimiento judicial y para garantizar que el procedimiento judicial cumple con los plazos y legalidad.
La frase «lo quiero para ayer» es una expresión muy frecuente cuando nos entregan un proyecto, un trabajo, una demanda… y más desde que la generación millennial, a la que pertenezco, se implantó con ella en el mundo laboral.
¿Puede el Tribunal Supremo poner límites a la libertad de expresión? La respuesta a la pregunta es sí. Debido al constante desafío que plantean las redes sociales, y del que continuamente se hacen eco los informativos, nuestro alto Tribunal tiene la ardua tarea de fijar dónde está el límite de la libertad de expresión que tanto sudor y lágrimas costó conseguir.
