Al final, la Ley manda y las vigentes leyes de vivienda y protección a los inquilinos vulnerables han generado una situación compleja en el mercado inmobiliario. El resultado es que muchos dueños de pisos sienten miedo al alquiler, mejor pánico, y prefieren no alquilar sus propiedades salvo fórmulas no vinculadas a la L.A.U. incluso a aquellos inquilinos que pueden ofrecer garantías de nómina.

Miedo al alquiler

Esta tendencia está causando un daño incalculable a una sociedad del rango de personas de entre 25 y 35 años, quienes encuentran cada vez más difícil acceder a una vivienda adecuada. La situación se agrava por el constante encarecimiento del suelo y el aumento de las tarifas de los promotores debido al incremento del costo de los materiales.

Miedo al alquiler

Las vigentes leyes de vivienda y protección a los inquilinos vulnerables han sido diseñadas, eso nos dicen, con la intención de ofrecer una mayor seguridad a aquellos que se encuentran en situaciones de precariedad, pero toda regulación del mar poniéndole diques jamás ha traído nada bueno. Las leyes han tenido efectos inmediatos que no pueden ser ignorados. Los propietarios, temerosos de los posibles problemas legales y económicos que podrían enfrentar, optan por no alquilar sus propiedades. Prefieren mantenerlas vacías o buscar otras alternativas de inversión que les resulten menos arriesgadas. El que busca casa ahora sólo encuentras habitaciones y a un precio desorbitado.

La construcción no avanza mucho. Además del miedo a los promotores, a los que se demoniza sobremanera, el encarecimiento del suelo manda y decide precios. El metro cuadrado de terreno sigue aumentando, lo que encarece la construcción de nuevas viviendas y la rehabilitación de las existentes. Los promotores, por su parte, se ven obligados a duplicar sus tarifas para cubrir los costos adicionales de los materiales, lo que se traduce en precios más altos para los compradores y arrendatarios.

Miedo al alquiler

Este círculo vicioso afecta especialmente a la generación de entre 25 y 35 años, un segmento de la población que, históricamente, ha sido el principal impulsor del mercado de alquiler. Muchos de ellos se encuentran atrapados en un limbo, sin poder acceder a la compra de una vivienda y enfrentándose a crecientes dificultades para encontrar alquileres asequibles. La acumulación de viviendas en manos de mayores de 70 años, quienes lograron adquirir sus propiedades en periodos de bonanza económica (2000 a 2009) agrava aún más la situación.

Las medidas adoptadas por el gobierno no pueden lograr el efecto deseado. Prohibir es matar de hambre. En lugar de facilitar el acceso a la vivienda, han creado una serie de obstáculos adicionales que se unen a los procesos judiciales en caso de impagos y los potenciales daños a sus propiedades. Los inquilinos vulnerables, para quienes se han diseñado estas leyes, se encuentran con un mercado cada vez más cerrado.

El impacto social y económico de esta situación es significativo. La falta de acceso a la vivienda afecta no solo a la calidad de vida de las personas, sino también a su estabilidad emocional y financiera. La imposibilidad de encontrar una vivienda adecuada puede llevar a situaciones de estrés, ansiedad y, en casos extremos, a la marginación social. Además, la economía también se resiente. Un mercado inmobiliario en crisis puede tener efectos en cadena, afectando a sectores como la construcción, los servicios y el comercio. La disminución de la movilidad laboral, causada por la falta de vivienda asequible en áreas de alta demanda, puede llevar a una disminución de la productividad y un aumento del desempleo.

La solución a este problema no es sencilla y requiere de un enfoque multidimensional. Es necesario revisar las vigentes leyes de vivienda y protección a los inquilinos verdaderamente vulnerables, buscando un equilibrio que proteja tanto a los propietarios como a los inquilinos. Asimismo, es crucial implementar políticas que aborden el encarecimiento del suelo y los costos de los materiales de construcción.
Una posible vía de solución podría ser la promoción de viviendas de protección oficial, destinadas a aquellos que no pueden acceder al mercado libre. También se podría considerar la implementación de incentivos fiscales para los propietarios que alquilen sus viviendas a precios razonables, así como la creación de un fondo de garantías que cubra los posibles impagos por parte de inquilinos vulnerables.

Si se encuentra afectado por esta situación, en nuestro despacho de abogados posiblemente podamos encontrar una solución para su caso. No dude en consultarnos pidiendo cita previa, presencial, telefónica y por videoconferencia de una o media hora en el teléfono 966171294 o enviando un mensaje al WhatsApp 628425987. Contacto con Javier Beltrán Abogados; LinkedIn

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