“Lleguen a un acuerdo”, nos dice Su Señoría (Suse, en lo sucesivo) juez con tono cansado al entrar en sala. Lee un expediente muy voluminoso sin saber quien ha entrado a su Sala. Como quien repite una frase tantas veces que ya no cree en ella. No ha leído el expediente, no ha escuchado aún los hechos, no ha valorado las pruebas, ni ha mirado a las partes. Pero…

Lleguen a un acuerdo

Por Javier Beltrán-Domenech (Perfil LinkedIn) es abogado especializado en Derecho Procesal y Derecho Civil. Javier Beltrán Abogados Alicante.

Sin embargo, tiene claro que no quiere dictar sentencia. No por duda, ni por prudencia jurídica. No. No quiere sentenciar porque, aunque nadie lo dice en voz alta o con todas las letras, «dictar» sentencia se ha vuelto un problema, una carga, un riesgo. La consigna no es impartir justicia, sino calmar a los justiciables, mediar, que ganen todos y desalojar el sistema.

Esta tendencia no es casual.

Se fomenta (esto es puro sarcasmo) el pacto no por nobleza de principios, sino por necesidad operativa. Y es que «Suse» tiene tres razones muy graves que conviene mirar de frente y a las que se enfrenta:

1. Porque un acuerdo no se recurre. El juez no quiere que lo enmienden, no quiere que su decisión sea cuestionada. El pacto «acordado entre partes» le evita el desgaste del recurso, la revisión por tribunales superiores y, sobre todo, la responsabilidad de fallar.

2. Porque hace ver que la gente aún puede entenderse y que ellos mismos han logrado su acuerdo. El discurso oficial reza que es mejor un mal acuerdo que una buena sentencia. 

3. Porque el sistema judicial está colapsado. Y cada acuerdo es una victoria burocrática. Un procedimiento menos, una estadística que mejora, un expediente que se archiva sin esfuerzo.

Pero el daño que está causando entre letrados y clientes es profundo. El ciudadano acude al juzgado esperando una solución imparcial y vinculante. Confía en que alguien con poder y conocimiento le diga quién tiene razón y por qué. Pero en lugar de eso, se encuentra con un árbitro que no arbitra, un juez que rehúye el juicio, una institución que ya no se atreve a decidir. Pero no es cierto. No cuando ese acuerdo nace del miedo, la desigualdad de fuerzas o el simple cansancio de una parte. No hay voluntad libre cuando el proceso es una trampa.

La fase de conciliación y por mucho que la Ley 1-25 exista es inútil y la entrada en sala de juicio se ha convertido en un juicio previo y de presión. Allí, los abogados son interpelados por el maldito «lleguen a un acuerdo» y el juez les pide, otra vez, que salgan a explicar a sus clientes que deben ceder aunque tengan razón y aunque lleven un año y medio esperando para «celebrar» (qué bonita palabra y qué lejos de la realidad queda) su juicio. Que pactar es mejor, que la justicia tarda, que el juez no los va a escuchar, tenemos que decirles. Todo se reduce a un triste «win-win», donde ambos pierden un poco para que el sistema respire.

Lleguen a un acuerdo

Es hora de reformar este simulacro. Fuera M.A.S.C. y burofaxes y cartitas. No más conciliaciones vacías, no más acuerdos empujados por la asfixia. Que no se disfrace de neutralidad lo que es, en el fondo, una claudicación institucional. Hay un medio infalible y que no se entiende porqué no se usa. Nada de cartas o envíos de mediaciones o de ofertas.

La conciliación obligatoria y previa debe ser ante el juez, con presencia efectiva, con autoridad, con capacidad de corrección, de réplica y dúplica hasta que el juez entienda la controversia y evidencia quién se niega y quien no.

Como en la justicia popular: cara a cara, con verdad y con consecuencias. Si tras la conciliación no hay acuerdo, pues se interpone demanda “a fondo y a saco y con costas al que no tiene la razón sin más ni más”. Si lo hay, se plasma en el acto y con resolución oral y grabada.

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