El debate público sobre Inteligencia artificial y responsabilidad en cuanto al el empleo se ha instalado en un terreno superficial y alarmista. Se habla de destrucción masiva de puestos de trabajo, de sustitución del ser humano por la máquina y de una supuesta inevitabilidad tecnológica que arrasará el mercado laboral. Creo que desde una perspectiva jurídica y estructural ese planteamiento es erróneo.
Inteligencia artificial y responsabilidad
La inteligencia artificial no elimina el trabajo. Lo que hace es desplazar el eje del valor profesional hacia la responsabilidad, el criterio y la imputación jurídica. Y ahí comienzan los verdaderos problemas.La IA no opera como sujeto de derecho. No responde civil ni penalmente, no asume deberes profesionales, no puede ser sancionada ni comparecer ante un tribunal. Esto, que debería ser el punto de partida de cualquier análisis serio, parece ausente del discurso político y normativo.
Los gobiernos mandan
Mientras los gobiernos debaten sobre innovación y competitividad, ignoran la cuestión central: quién responde cuando la decisión automatizada causa un daño. En la práctica, la inteligencia artificial está sustituyendo tareas, no profesiones. Automatiza funciones mecánicas, repetitivas y estandarizadas: clasificación documental, cálculos fiscales básicos, redacción de borradores, búsqueda jurisprudencial, atención rutinaria al ciudadano. Todo aquello que no requiere juicio jurídico ni asunción de consecuencias puede ser delegado en sistemas automatizados sin mayor dificultad.
Inteligencia artificial y responsabilidad
El problema surge cuando durante años se ha permitido que muchas profesiones se vacíen de contenido decisorio. Cuando el abogado se limita a rellenar formularios, el funcionario a tramitar sin interpretar, el asesor a reproducir esquemas estándar, el profesional deja de ser garante del sistema jurídico y se convierte en un intermediario prescindible. La inteligencia artificial no los destruye: evidencia su irrelevancia.
Desde el punto de vista del Derecho, hay un límite infranqueable para la automatización: la imputación de responsabilidad. Un juez no puede delegar la decisión en un algoritmo. Un abogado no puede escudarse en una herramienta para justificar una mala estrategia procesal. Un médico no puede atribuir un error diagnóstico a un sistema automatizado sin asumir consecuencias. El ordenamiento jurídico exige un sujeto responsable, identificable y sancionable. La IA no cumple ninguno de esos requisitos.
Pese a ello, los poderes públicos parecen no haber comprendido aún la magnitud del problema. Se legisla tarde, mal y desde la ingenuidad técnica. Hablan de ética algorítmica mientras se ignora la erosión del principio de responsabilidad personal. Promueven digitalización sin reforzar las garantías jurídicas y se confía en normas genéricas mientras la práctica avanza a una velocidad muy superior a la del legislador.
La conclusión es incómoda
La inteligencia artificial no elimina empleo. Elimina la ficción de que se puede ejercer una profesión sin asumir responsabilidad real. El riesgo no es tecnológico, sino jurídico e institucional.Hay profesiones que, precisamente por su carga de responsabilidad, no pueden ser sustituidas. Jueces, fiscales, abogados en ejercicio real, notarios, médicos tratantes, inspectores, reguladores. No porque sean técnicamente superiores a la máquina, sino porque el sistema jurídico necesita que alguien responda por la decisión adoptada. La legitimidad no es automatizable.
También persisten aquellos trabajos donde la realidad desborda cualquier modelo predictivo: oficios técnicos, intervención directa, resolución inmediata de problemas materiales. No por romanticismo, sino por pura imposibilidad práctica de automatización generalizada.
La inteligencia artificial no elimina empleos. Desplaza la responsabilidad. Y mientras los gobiernos sigan sin entender que el núcleo del problema no es la máquina, sino quién responde por ella, el sistema avanzará sin red. Como casi siempre, el Derecho llegará tarde. Y esta vez, el coste puede ser muy alto.
Cuídense ahí afuera.
Javier Beltrán Abogados.
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