Desde hace años, el sistema judicial español enfrenta una crisis estructural sin precedentes en la jurisdicción de familia. Los tiempos de espera se han convertido en una constante que paraliza la vida de las familias y transforma el rol del abogado de familia en una figura híbrida entre asesor jurídico y psicólogo de guardia. El Colapso judicial en Familia es causa de un defectuoso mantenimiento de la Administración de Justicia y deberíamos demandar por este funcionamiento anormal.
Colapso judicial en Familia
Por Javier Beltrán-Domenech
Esta situación, denunciada reiteradamente por colegios profesionales y asociaciones de jueces, ha alcanzado niveles escandalosos que exigen una reflexión urgente. El colapso no es una percepción subjetiva, sino una realidad cuantificable. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la duración media de los procedimientos civiles en las Audiencias Provinciales alcanzó los 9,6 meses en 2022, un 30% más que en 2013. En materia de familia, los retrasos son aún más alarmantes, con informes que señalan esperas de hasta 19 meses para obtener un informe psicosocial.
El Colapso Estructural: Más Allá de la Percepción. Denuncias Oficiales y Reconocimiento Institucional.
La gravedad de la situación queda patente en las múltiples denuncias realizadas por los propios operadores jurídicos. La Asociación Española de Abogados de Familia ha alertado consistentemente sobre la saturación de estos órganos judiciales. Los decanos de más de 50 ciudades han solicitado al Ministerio de Justicia medidas urgentes para evitar el «caos» generado por la falta de planificación.
El Defensor del Pueblo ha reconocido oficialmente este colapso, señalando que los juzgados de familia superan con exceso los módulos de trabajo establecidos por el CGPJ. Esta sobrecarga no es un fenómeno aislado, sino sistémico: los juzgados de primera instancia e instrucción en provincias como Cádiz y Huelva enfrentan situaciones «muy preocupantes» con déficits de medios personales y materiales.
La Ley Orgánica 1/2025 pretende convertir los 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia con secciones especializadas. Sin embargo, la implementación ha generado serias dudas sobre su eficiencia real. Los jueces especializados en violencia de género ya advirtieron en marzo de 2025 que la reforma provocaría un «colapso total» en unos juzgados «ya de por sí sobrecargados», con un aumento de carga de trabajo del 20%. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, ha tenido que crear un grupo de trabajo específico para coordinar el despliegue de los tribunales de instancia, reconociendo las dificultades del proceso.
El Abogado de Familia: Entre la Abogacía y la Terapia
La crisis judicial ha transformado radicalmente la práctica diaria del abogado de familia. Como profesional con más de 50 años de experiencia en la judicatura civil, puedo afirmar que la realidad actual dista enormemente de la práctica jurídica tradicional. Los clientes, inmersos en procesos que se eternizan, requieren atención constante para cuestiones que trascienden el ámbito estrictamente legal. Un abogado de familia con, por ejemplo, 50 clientes activos recibe diariamente consultas sobre cuestiones logísticas: cambios de domicilio, problemas con arrendamientos, entregas fallidas de menores, elección de colegios, planificación de vacaciones, uso de vehículos, redacción de cartas y respuestas a exparejas, mediación en disputas menores y estrategias procesales como modificaciones de demandas y cambios de estrategia tras nuevas circunstancias absolutamente cambiantes.
Esta sobrecarga genera una paradoja: el abogado debe dedicar tiempo a resolver problemas que no son jurídicos, lo que impide centrarse en el procedimiento judicial propiamente dicho. Cada llamada telefónica, cada correo electrónico, cada consulta sobre un recibo o una entrega, resta tiempo a la preparación de informes, recursos y estrategias procesales esenciales para la defensa efectiva.
El Límite de la Dedicación
La realidad es contundente: un profesional con horarios de visitas, juicios, preparación de escritos y gestión de expedientes no puede asumir simultáneamente el rol de psicólogo, asesor financiero y mediador familiar. Aún así, la profesión da el 100%, conscientes de que cada consulta no respondida puede generar mayor ansiedad en clientes ya desbordados por procesos que se alargan meses o años.
Los colegios profesionales han denunciado que esta situación es insostenible. En Ourense, el Juzgado de Familia acumulaba en 2018 unas 400 denuncias sin tramitar, con expedientes que se amontonaban en las mesas. Esta realidad se replica en toda España, donde la falta de medios personales y materiales genera una «situación muy preocupante» en múltiples partidos judiciales.
Impacto en la Ciudadanía: Los Verdaderos Perjudicados, Los Menores: Víctimas Inocentes
Los principales perjudicados de este colapso son los niños y niñas. La Asociación Española de Abogados de Familia ha denunciado que más de 300.000 menores se ven afectados por los efectos adversos de los MASC (Medios de Resolución Alternativos de Conflictos) derivados de la saturación judicial. Los procesos dilatados generan situaciones de incertidumbre que afectan directamente al desarrollo emocional y psicológico de los menores.
Justicia Inaccesible
La sobrecarga judicial convierte el acceso a la justicia en un privilegio para quienes pueden esperar. Los ciudadanos se enfrentan a demoras excesivas: hasta 19 meses para informes psicosociales. Falta de respuesta: los Puntos de Encuentro Familiar deben recibir respuesta judicial en 48 horas, pero la realidad es muy diferente. Ineficiencia estructural: los juzgados de familia están colapsados por disputas «habituales y poco relevantes» que podrían resolverse por otras vías.
Iniciativas del CGPJ
El Consejo General del Poder Judicial ha propuesto un centenar de medidas en un plan de choque para evitar el colapso. Entre las soluciones planteadas figuran:
-Creación de nuevos juzgados en zonas saturadas
-Unificación de partidos judiciales para optimizar recursos
-Refuerzo de agentes externos (peritos, intérpretes, policía judicial)
-Mejora de infraestructuras y medios materiales
La Necesidad de una Reforma Integral. Los expertos coinciden en que se necesita una reforma reglamentaria urgente que aborde no solo la estructura judicial, sino también la gestión de la litigiosidad. La Ley Bolaños, con su implementación en fases hasta 2025, busca modernizar una planta judicial «diseñada hace dos siglos», pero su efectividad depende de la correcta dotación de recursos.
Una Profesión en Crisis, una Justicia en Riesgo
El colapso de los juzgados de familia no es un problema técnico menor, sino una crisis sistémica que afecta los derechos fundamentales de la ciudadanía. Los abogados de familia nos encontramos en una encrucijada: debemos mantener la calidad de la defensa jurídica mientras asumimos funciones ajenas a nuestra profesión, todo ello en un contexto de esperas injustificadas que prolongan el sufrimiento de las familias.
La solución no pasa únicamente por aumentar el número de jueces o reformar estructuras, sino por una planificación realista que reconozca la complejidad de los procesos familiares y la necesidad de recursos multidisciplinares. Mientras tanto, la profesión seguirá dando el 100%, consciente de que detrás de cada expediente hay personas reales, con problemas reales, que merecen una justicia ágil, eficiente y humana.
El reto es mayúsculo: transformar un sistema colapsado en uno funcional, sin perder de vista que la justicia retrasada es, en última instancia, justicia denegada.
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