Una, otra más, reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) ha generado una considerable controversia en el ámbito jurídico. El cambio, que traslada la presentación de los recursos de apelación directamente ante la Audiencia Provincial, ha desestabilizado los procesos judiciales, sembrando incertidumbre entre abogados y clientes. Analizo las implicaciones prácticas de esta reforma y sus efectos en la seguridad jurídica, especialmente con la Apelación invisible.
Apelación invisible
La “firmeza” de la Sentencia ahora es un concepto en peligro.
Un escenario común en los tribunales se ha convertido en un auténtico desafío para los profesionales del derecho. Antes de la reforma, si transcurrían 20 días hábiles desde la notificación de la Sentencia sin que se interpusiera un recurso, la firmeza de la misma era asumida, lo que permitía proceder, si bien posteriormente, a su ejecución. Si el otro recurría antes te daban traslado y te enterabas. Y no ejecutabas, claro. O sí provisionalmente.
Sin embargo, ahora surge una nueva trampa procesal: el recurso de apelación «invisible» puede presentarse directamente ante la Audiencia Provincial, sin conocimiento inmediato del Juzgado de Primera Instancia ni de las partes.
Este sistema fragmentado genera problemas significativos. Por un lado, se puede avanzar en la ejecución de una Sentencia que luego resulta impugnada, lo que causa retrasos y frustración tanto en los abogados como en sus clientes. Por otro lado, esta falta de certeza mina la confianza en el proceso judicial, ya que los abogados no pueden garantizar la firmeza de las resoluciones en plazos razonables.
Un sistema judicial opaco y desconectado
La desconexión entre el Juzgado de Primera Instancia y la Audiencia Provincial plantea serios problemas de transparencia. Aunque técnicamente el recurso de apelación no requiere traslado inmediato a la parte contraria, esta omisión agrava la percepción de opacidad en el sistema y se convierte en una apelación invisible.
Anteriormente, el modelo centralizado permitía un mayor control sobre los procedimientos y ofrecía una comunicación más efectiva entre las partes. Con la nueva normativa, no solo se fragmenta el proceso, sino que se sacrifica la seguridad jurídica en beneficio de una supuesta eficiencia que, en la práctica, no se está logrando.
La perspectiva del cliente: incertidumbre y desconfianza
Para los clientes, este cambio no solo representa un problema técnico, sino una crisis de confianza. Cuando el abogado asegura (craso error, por cierto) que la Sentencia es firme, lo hace con base en un sistema que, hasta ahora, ofrecía cierta previsibilidad. Sin embargo, la posibilidad de que meses después se notifique la existencia de un recurso de apelación desconcierta y decepciona a quienes buscan en el sistema judicial una resolución clara y definitiva.
Por otro lado, los abogados que optan por ser cautelosos y esperar la confirmación de la Audiencia Provincial enfrentan la incomprensión de los clientes, que no entienden por qué no se ejecuta de inmediato una victoria judicial. Este desajuste entre expectativas y realidad dificulta la relación entre cliente y abogado, erosionando la confianza en el sistema judicial.
Soluciones urgentes hacia una reforma sensata
La solución más lógica y urgente es restablecer la obligación de presentar los recursos de apelación ante el Juzgado de Primera Instancia. Este cambio devolvería coherencia y trazabilidad al sistema, facilitando la supervisión y comunicación entre las partes. Además, garantizar el traslado inmediato del recurso a la parte contraria sería un paso crucial para evitar malentendidos y asegurar un proceso más transparente.
Mientras tanto, los abogados deben adaptar sus estrategias. Es fundamental verificar proactivamente la existencia de recursos ante la Audiencia Provincial y evitar prometer plazos de firmeza que el sistema actual no puede garantizar. También es vital mantener una comunicación clara con los clientes, explicando las limitaciones impuestas por la normativa vigente.
Apelación Invisible
El sistema judicial español enfrenta un desafío crítico con la reciente reforma de la LEC. En su forma actual, esta normativa pone en riesgo la previsibilidad y la confianza en el proceso judicial, afectando a abogados, clientes y la sociedad en general. Es responsabilidad del legislador priorizar una reforma que devuelva claridad y estabilidad a un sistema que debe garantizar justicia, no incertidumbre. Solo así se podrá recuperar la confianza en un sistema que, hoy por hoy, necesita urgentemente una corrección.
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