La creciente oleada de ocupaciones ilegales en España ha revelado una inquietante realidad: el ordenamiento jurídico actual es ineficaz frente al fenómeno, y las reformas adoptadas hasta la fecha, cuando no inexistentes, resultan claramente insuficientes. El concepto de cárcel para ocupas, lejos de ser una consigna populista, constituye una exigencia legítima desde el punto de vista del Derecho Penal, de la tutela judicial efectiva y de la defensa de la propiedad privada.