Las nefastas políticas sobre vivienda han traído enfrentamiento y conflicto entre arrendadores e inquilinos como si fueran buenos y malos. Esta situación no solo responde a factores económicos, sino también a comportamientos que desbordan el marco legal. En consecuencia, la relación entre arrendadores e inquilinos se encuentra en un punto crítico que exige un análisis jurídico riguroso para lograr un poco de tranquilidad al mercado.

Arrendadores e inquilinos

Javier Beltrán-Domenech es abogado especializado en Derecho Procesal y Derecho Civil. Javier Beltrán Abogados Alicante.

Esto no va de grandes tenedores o de empresas ni de ocupas. Va del día a día, del propietario de una casa que logró, ahorrando, comprar otra para alquilarla con la que o bien paga una hipoteca o bien obtiene rentas para vivir. Va del inquilino cumplidor, que se arregla las cosas de la casa sin molestar y la cuida pagando del día 1 al 5 de forma puntual y durante muchos años.

Actualmente, el mercado del alquiler refleja una falta de equilibrio. Ambas partes ejercen sus derechos de forma excesiva en ocasiones. Por ello, el sistema pierde estabilidad. Este escenario incrementa la inseguridad jurídica y favorece la litigiosidad cuando la propia legislación actual, demediada y apresurada, intenta controlar que existan «pisos en alquiler barato».

Abuso de derecho por parte de los inquilinos

En primer lugar, debe analizarse la conducta de ciertos inquilinos. En algunos casos, se utiliza la normativa excepcional (RD 8-26, por ejemplo) como mecanismo para impedir la recuperación del inmueble. Esta práctica distorsiona la relación entre arrendadores e inquilinos. La legislación protege situaciones de vulnerabilidad pero a veces no es cierta y se produce un uso abusivo del derecho.

El artículo 7 del Código Civil prohíbe expresamente el abuso de derecho. En consecuencia, prolongar la ocupación sin causa legítima vulnera el equilibrio contractual. Este comportamiento afecta directamente a los arrendadores e inquilinos y genera desconfianza. Además, esta situación provoca un efecto negativo en el mercado. Muchos propietarios optan por no alquilar. Como resultado, disminuye la oferta disponible y suben los precios de los alquileres a lo bestia. Este hecho agrava aún más el conflicto entre arrendadores e inquilinos.

Incrementos desproporcionados de renta de los arrendadores.

Por otro lado, debe examinarse la conducta de los arrendadores. En determinados supuestos, viendo que llega el fin de los cinco años, se están produciendo subidas de renta excesivas (el doble, y sin explicar o justificar). Estas decisiones afectan gravemente a la relación entre arrendadores e inquilinos. El derecho a obtener rentabilidad es legítimo. No obstante, debe ejercerse conforme a la buena fe. Este principio, recogido en el artículo 1258 del Código Civil, limita actuaciones abusivas. Pero es que el miedo en el mercado se palpa y los arrendadores buscan maximizar beneficios a corto plazo. Esta dinámica perjudica a ambas partes.

Consecuencias legales del conflicto entre arrendadores e inquilinos

El enfrentamiento entre arrendadores e inquilinos tiene consecuencias relevantes. En primer lugar, aumenta el número de procedimientos judiciales. Los juzgados soportan una carga creciente en materia arrendaticia. Además, la inseguridad jurídica provoca una contracción del mercado. Muchos propietarios temen no recuperar su inmueble. Por tanto, retiran sus viviendas del alquiler. Esto reduce la oferta y eleva los precios.Por otro lado, los inquilinos afrontan mayores dificultades de acceso. Esta situación genera un círculo vicioso. El conflicto entre arrendadores e inquilinos se intensifica progresivamente.

También debe señalarse que la proliferación de normas excepcionales genera confusión. En ocasiones, se interpretan de forma interesada. Este hecho debilita la seguridad jurídica y favorece el conflicto.

La necesidad de equilibrio entre arrendadores e inquilinos

La solución al problema entre arrendadores e inquilinos requiere equilibrio. No basta con aprobar nuevas normas. Es imprescindible cumplir las existentes. Además, debe garantizarse una interpretación razonable. El arrendador debe respetar límites en la fijación de la renta. Asimismo, debe actuar conforme a la buena fe contractual. Por su parte, el inquilino debe respetar la duración del contrato. También debe reconocer el derecho de propiedad. En consecuencia, el equilibrio resulta esencial. Sin él, el conflicto entre arrendadores e inquilinos continuará creciendo. La responsabilidad de ambas partes es clave para estabilizar el mercado.

La seguridad jurídica es fundamental. Sin ella, no puede existir un mercado de alquiler eficiente. Por tanto, el respeto a la ley constituye la única vía para resolver el conflicto. En definitiva, el problema no radica únicamente en la normativa. La verdadera dificultad se encuentra en su aplicación. Mientras persistan conductas abusivas, el conflicto entre arrendadores e inquilinos seguirá agravándose.

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