El sistema judicial en España se encuentra en una crisis estructural que compromete la eficacia de su labor, y sin Justicia no hay paraíso. El retraso en los procedimientos, la sobrecarga de trabajo y una insuficiencia de medios materiales y humanos, han provocado que los tribunales no puedan cumplir adecuadamente con su función constitucional de impartir justicia.
La agresión sexual es uno de los delitos más graves que atentan contra la libertad sexual de las personas. El Código Penal español establece un sistema normativo detallado para la protección de la libertad sexual de las personas, con especial atención a los menores de 16 años y a los casos donde se utilice violencia o intimidación. Este delito se caracteriza por la realización de actos que vulneran la integridad sexual de la víctima sin su consentimiento, lo cual constituye una infracción contra un bien jurídico de suma importancia: la libertad sexual.
