Cómo bien indica la Constitución Española, la justicia emana del pueblo. Sin embargo, en ocasiones queda muy lejana de éste al usar un lenguaje repleto de tecnicismos, expresiones derivadas del latín, jergas específicas, expresiones anacrónicas…¿Ven qué palabras uso? Pues eso provoca una gran desconfianza de las personas al dificultar su entendimiento. El derecho claro.
El derecho claro
Para que se produzca una buena comunicación entre dos sujetos es de gran relevancia el uso del lenguaje y las palabras apropiadas, de forma que la información que se está intentando trasladar al interlocutor sea entendida y comprendida correctamente. En todas las profesiones existe un lenguaje técnico específico que puede estar muy alejado de las personas que no forman parte de esa área de conocimiento, y es de vital importancia fomentar un lenguaje claro y comprensible en el ámbito jurídico dado que de él depende la relación de la ciudadanía con la Administración Pública.
Cuando una persona que no ha tenido relación o formación con el mundo jurídico y recibe una notificación, sentencia o cualquier documento de la Administración de Justicia, necesita casi el traductor de Google para poder entenderlo y comprender el mensaje que le quieren comunicar. Ese desconocimiento del lenguaje provoca en la persona cierto miedo y temor a la Administración Pública en general.
El derecho claro
Apostar por un lenguaje claro, sencillo y preciso que facilite la lectura y comprensión de los textos jurídicos y puedan acercar al ciudadano a la justicia y hacerla entendible para todos debería ser una de las líneas de trabajo del Ministerio de Justicia.
Desde el gobierno son muchas las iniciativas abiertas para propulsar la modernización del lenguaje jurídico. En algunas Comunidades Autónomas se han elaborado hasta guías para poder hacer más entendible los términos utilizados en su lenguaje. En lugar de elaborar “diccionarios” para que la ciudadanía alcance a entender a la administración, convendría empezar a incorporar palabras que sean adecuadas, comunes y claras en los diferentes escritos y textos. También la brevedad y la concisión en los textos que emite la Administración serían de gran ayuda para poder hacer frente a la incomprensión de la población en esta materia.
Entre las consecuencias más destacables de no utilizar un lenguaje más preciso se encuentra la desconfianza de la población y alejarles del ejercicio de sus propios derechos, lo que también puede llegar a incumplir con sus obligaciones como ciudadanos. Se podrá llegar incluso a evitar conflictos y reducir costes si existiera esta modernización en el uso del lenguaje. Que la información pueda llegar a ser más efectiva y que realmente se traslade lo que se quiere comunicar sin que pueda existir margen para la malinterpretación o el desconocimiento.
El derecho claro. ¿Puede llegar a afectar negativamente el uso de un lenguaje más comprensible al trabajo de los juristas?, ¿temen los abogados perder clientes si éstos pueden entender mejor el lenguaje de la Administración? No, son los propios expertos en la materia como magistrados, letrados registradores, secretarios… los que solicitan y promueven la incorporación de estas modificaciones. Facilitaría la relación y, por ende, la comunicación con el interlocutor, si el ciudadano entendiera mejor el mensaje que se le quiere hacer llegar.
Quizás las relaciones serían mucho más fluidas, se evitaría un sinfín de conflictos y dejaría de existir esa “barrera” o “temor” que la propia Administración impone en ocasiones con sus términos.
Para ello, se creó en 2009 la “Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico”. Entre sus principales precursores se encontraba el actual ministro de Justicia y también grandes expertos juristas y lingüísticos. El trabajo de esta Comisión se quedó inacabado debido a los vaivenes políticos y ahora uno de los principales objetivos del Ministerio de Justicia es retomar este movimiento y acercar la justicia a los ciudadanos. Para ello se debe de confeccionar el lenguaje a utilizar y las palabras a incorporar bajo la supervisión y colaboración con la RAE.
El derecho claro
En definitiva, existe la convicción entre diferentes profesionales en la materia de que el uso de un lenguaje claro tanto en sentencias, leyes, resoluciones administrativas… favorece el desarrollo de los sistemas democráticos, dado que se producirá también la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Por todo ello, queda un gran trabajo que realizar por parte de las Administraciones para que este cambio se produzca. Aunque éste no sea un cambio que vayamos a experimentar en un futuro inmediato, ya que parece una asignatura pendiente por parte de todos los gobiernos, pero sí que se podría incorporarlo paulatinamente mejorará sin lugar a duda el acceso a la población a la justicia.
El derecho claro
Por Lola Sánchez
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