Justicia en elecciones 2019

Justicia en elecciones 2019

Justicia en elecciones 2019. Estoy observando que, desde el inicio de campaña electoral, los candidatos sólo se atacan e insultan, para luego darse la mano al acabar el Debate, y se han desechado prácticamente ideas sobre economía o justicia, yéndose los “líderes supremos” (sinceramente, ninguno de ellos pasaría una entrevista de trabajo en mi Despacho) a invadir las redes sociales con anuncios absolutamente delirantes y copias, descaradas, de campañas de otros países y épocas.

JUSTICIA EN ELECCIONES 2019

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS POLÍTICOS EN MATERIA DE JUSTICIA.

Javier Beltrán-Domenech

Javier Beltrán-Domenech

Siguen los candidatos con sus propuestas e imagen personal (que si corbata o no, que si desaliñado o no, que si entrevistas no…) a través de internet, preferentemente aplicaciones para móvil, redes sociales y videos, entrevistas y los dos súper-debates en televisión (también anuncios) y radio. Y parece que esta tendencia a lo virtual, en un intento por llegar a la vida e intimidad de cada votante, se intenta recoger en sus propuestas para intentar la renovación de una administración de justicia poco conocida, lenta, desdeñada (a veces odiada), por una gran parte de la población. Así se muestra en la última encuesta del CGPJ. Justicia en elecciones 2019.

La administración de Justicia es la más olvidada por cada Partido, y así nos va: gente cabreada porque no puede ver a sus hijos, gente ingresada en una cárcel, detenida de forma “preventiva” esperando un juicio, órdenes de alejamiento que duran cuatro años hasta juicio y otros seis meses para una sentencia, cláusulas suelo declaradas nulas y los bancos litigando para desgastar (tarea de la Resistencia Francesa). También falta de medios, de jueces que son sustitutos, de juzgados con falta de formación, de nula credibilidad ante el justiciable y un largo etcétera del que Ud. se sorprendería.

Pero cuidado porque la celebración de elecciones autonómicas, locales y generales el 28 de abril y 26 de mayo de 2019 (tras la locura electoral de 2015-16) hace interesante, también para los legos, revisar y valorar las propuestas sobre Administración de Justicia que cada grupo político “carga” en sus programas por si, nunca se sabe y la ilusión nunca se pierde en todos ellos, pudiera ser motivo de inclinar el voto.

Justicia en elecciones 2019

Vayamos al grano porque sinceramente traen los programas muy “cargados”. Tras quitar la mucha “paja” en los motivos inspiradores que cada partido relata de forma subjetiva en sus programas, voy a más o menos copiar las propuestas de los cinco partidos políticos que, probablemente, se van a repartir el pastel del semicírculo de sillones del Congreso. Para ser objetivo, he decidido valorar los programas comenzando no por el partido más o menos votado, ni por nombres o siglas, sino por novedad en el ámbito político. Empiezo:

VOX. JUSTICIA ORIGINAL

Reclaman el fin de subvenciones públicas a partidos políticos y sus fundaciones, sindicatos, patronales y organizaciones de proselitismo ideológico. Partidos y sindicatos deben ser sostenidos con las aportaciones de sus afiliados y simpatizantes. Anteponer las necesidades de España y de los españoles a los intereses de oligarquías, caciques, lobbies u organizaciones supranacionales. Ley de memoria dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Impedirá de forma efectiva los homenajes a los asesinos, desterrando cualquier recuerdo de los criminales y honrando la memoria de todas las víctimas del terrorismo separatista e islamista, desde los colegios hasta el último de los organismo oficiales. Creación de un memorial de las víctimas del terrorismo.

Promulgar leyes antiokupacion y anti usura. Los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar, para ello se ampliará el concepto de legítima defensa. Tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada. Reforma legislativa para que los okupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado. La participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales.

Desarticulación efectiva de ETA y sus satélites mediáticos y financieros. Investigación de todos los crímenes de la banda aún no resueltos. Modificación de la ley para eliminar la prescripción de los crímenes de terrorismo separatista e islamista. Depuración de responsabilidades a quienes, desde el estado o desde las fuerzas de seguridad, hayan negociado y pactado con terroristas. Inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos a quienes hayan formado parte o apoyado a una organización terrorista o cualquier asociación mafiosa. Las víctimas serán oídas en las distintas fases del procedimiento, y también en la ejecución de la sentencia.
Restaurar todo el rigor penal para el terrorismo y los delitos más graves, incluyendo la cadena perpetua. Recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales. Terroristas, violadores y asesinos en serie no volverán a beneficiarse del amparo de organismos europeos, como ha sucedido hasta ahora.

Justicia en elecciones 2019

Eliminación de los privilegios penitenciarios (salarios, seguridad social) a los presos condenados por terrorismo y a inmigrantes ilegales. Reforma del Poder judicial para una independencia real del poder político. La totalidad de los miembros del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por concurso de méritos por y entre quienes son parte de la comunidad de la Justicia. Supresión del tribunal Constitucional, su funciones las asumirá una sala sexta del Tribunal Supremo. Tipificación del despilfarro público en el Código Penal. Inhabilitar como cargos públicos y penalizar los modelos de gestión que aumenten la deuda de los españoles. Exigencia de devolución de fondos obtenidos irregularmente.
Eliminación del Jurado.

¿Suenan salvajes, eh? Justicia en elecciones 2019

PODEMOS. JUSTICIA PÚBLICA

Proponen la creación de un texto normativo que esté consensuado con los órganos colegiales y asociaciones de letrados del turno de oficio, quienes desarrollan el servicio con elevados estándares de rendimiento y reconocimiento europeo e internacional. En este texto se contemplará la mejora del servicio público de asistencia jurídica gratuita y la dignificación del turno de oficio, y contendrá una reflexión sobre las atribuciones delegadas a las comunidades autónomas en esta materia.

Elección directa del Consejo General del Poder Judicial. Consideran que, aunque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mantenga sus actuales competencias generales, debe asumir directamente su principal función: velar por la independencia del Poder Judicial como servicio público. Y, para ello, proponen las siguientes medidas:
Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas.
Regular y promover institucionalmente dichas elecciones por un órgano colegiado creado a tal efecto por el Congreso.
Establecer limitaciones de gasto en las campañas que puedan ser promovidas para estas elecciones.
Auditoría pública del sistema judicial. Promover una auditoría pública y externa del sistema judicial sobre criterios y parámetros basados en su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, con el fin de buscar una fotografía constructiva y evaluar una necesaria reorganización en aquellos ámbitos que precisen refuerzo, de manera que se establezcan criterios de optimización de los recursos. Asimismo, crear una oficina judicial dotada de los medios necesarios para desarrollar una actuación más eficaz y cercana a la ciudadanía, que materialice un verdadero servicio al ciudadano. Esta oficina tendrá financiación directa del Estado (el Gobierno central asumirá las competencias periféricas en este ámbito), será competencia del Ministerio de Justicia y tendrá capacidad de cesión de edificios de titularidad pública. Desde ella se impulsará el expediente electrónico y se informatizará todo el procedimiento judicial.

Reforma integral de la Fiscalía a partir de las siguientes propuestas: Revisar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado. Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismos que doten a la Fiscalía de autonomía (orgánica y funcional) con relación al poder ejecutivo. Dotar a esta institución de mecanismos de transparencia que permitan conocer, entre otros, los actos que se realicen, los criterios utilizados para la toma de decisiones, la agenda del Fiscal General del Estado y de los demás órganos de dirección, y las retribuciones o los indicadores de su actividad. Asegurar la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal, con partida específica en los Presupuestos Generales del Estado. Abordar de manera integral la reorganización y el nuevo diseño de las funciones de los órganos centrales (Inspección Fiscal, Unidad de Apoyo y Secretaría Técnica). Democratizar los nombramientos en la cartera fiscal bajo estrictos criterios de mérito y capacidad.

Justicia en elecciones 2019

Eliminación de privilegios procesales. Si bien es cierta la necesidad de protección y amparo de la actividad parlamentaria y de las actuaciones de jueces y magistrados, pues de otra manera podrían ver limitado el ejercicio de sus funciones, esta protección solo se mantendrá en el ámbito de actuación pública de estos cargos, porque se considera que los privilegios procesales no rigen más allá de dichas actividades públicas; de este modo, cualquier otra actuación estará sujeta al procedimiento general, aunque se realice durante el ejercicio del cargo.

Derogación de la Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Ley 13 / 2015, de 5 de octubre) para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica, con el fin de dejar sin efecto la disposición transitoria única sobre la revisión de los procesos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor y los plazos de duración máxima de los procesos penales.

Multas y sanciones administrativas proporcionales a la renta de las personas. Crear un sistema de pago de sanciones administrativas y multas económicas proporcionales a la renta de la persona sancionada, para modificar el actual sistema por uno más justo, proporcional y funcional. Para ello, se basarán en los siguientes principios:
Rendición de cuentas de la persona ofensora. Cumplimiento de la función de disuasión. Para que las multas cumplan esta función, las personas con menos ingresos deben poder pagarlas, pero su impacto debe ser equivalente al de las personas con mayores rentas. Obligación de ser equitativas. Las multas proporcionales son inherentemente más justas, pues las cantidades no son ni demasiado bajas para determinados sancionados ni tan altas como para exceder la capacidad de otros. Establecimiento de un sistema de cálculo ágil y limitado partiendo de un tipo básico y estableciendo diferentes umbrales, similares a los que se fijan para el pago del IRPF en función de los ingresos del sancionado.

Derogación de la ley mordaza (Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana) y establecer una nueva legislación de seguridad ciudadana que facilite el libre ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación. Eliminar las sanciones administrativas, sin más restricción que los actos ilícitos cuya gravedad los convierta en objeto de sanción en los supuestos sancionados por el Código Penal.

Memoria, verdad y justicia: pilares de la cultura de los derechos humanos con tres tipos de políticas.

Políticas para el derecho a la memoria orientadas a generar garantías de no repetición:
Promover la remoción o resignificación de símbolos o monumentos conmemorativos de exaltación de la sublevación militar o del franquismo. Concebir los espacios de memoria como espacios pedagógicos desde una perspectiva crítica. Desarrollar iniciativas orientadas a la construcción de una cultura de los derechos humanos y a la restitución de una memoria plural, colectiva y democrática de nuestro país en los sistemas educativos, en lo relativo a la formación de funcionarios públicos, en (y desde) los medios de comunicación y en otros ámbitos culturales.

Políticas para el derecho a la verdad: Establecer mecanismos institucionales para el esclarecimiento y divulgación de la verdad. Garantizar el acceso a los archivos (públicos y privados) y a la investigación pública y judicial. Promover la creación de instituciones de memoria. Elaborar un mapa integral de fosas comunes que, a su vez, permita diseñar un futuro plan integral de exhumaciones.

Políticas de acceso a la justicia para las víctimas del franquismo: Crear una Secretaría de Estado en el Ministerio de la Presidencia y una agencia interministerial que funcione como órgano de coordinación. Anular las sentencias de los tribunales creados durante la guerra civil y la dictadura. Facilitar el acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Aplicar la jurisdicción universal en materia de derechos humanos contemplada en nuestro ordenamiento jurídico.

Creación de la Agencia Estatal para la Protección de los Consumidores como organismo regulador de carácter autónomo y neutral y con competencias sancionadoras. Esta agencia contará con un cuerpo de inspectores dedicado a realizar investigaciones de oficio y evaluar las denuncias que lleguen de las autoridades autonómicas y las asociaciones de consumidores, además de intercambiar información con el resto de organismos del Gobierno acerca de las irregularidades que detecte en el mercado. Las organizaciones dedicadas a la defensa de los consumidores tendrán la consideración de parte interesada en los procedimientos que se abran a raíz de sus denuncias o en los que se personen en representación de los afectados. Igualmente, revisar el marco sancionador establecido en la legislación que afecta a la protección de los consumidores para que las multas sean realmente proporcionales a la gravedad de los abusos, y para que contemple el decomiso de hasta diez veces el importe de los beneficios que hayan obtenido las empresas en prácticas fraudulentas.
Derecho de indemnización del consumidor víctima de un abuso y aprobar por ley el derecho de los consumidores a ser indemnizados cuando sean objeto de irregularidades en la contratación, facturación o características de productos y servicios.

Despenalización del cannabis, cultivo y la tenencia, a nivel personal y colectivo, y regular la actividad de los clubes sociales de cannabis. Para ello, proponen convocar una mesa de trabajo sectorial encargada de presentar una propuesta que garantice las libertades y derechos fundamentales de los consumidores y que contemple la regulación de la producción, distribución y consumo de cannabis.

Tremendo si lo lograsen. Justicia en elecciones 2019

CIUDADANOS. JUSTICIA INDEPENDIENTE.

Ciudadanos, salvo error mío, ya no tiene un programa descargable, sino que ha dividido mucho sus propuestas por separado y, por lo que veo, ha reducido MUCHO lo que antes (en mi anterior articulín http://www.javierbeltranabogados.com/2015/12/09/justicia-para-todos/ lo decía) sí pedía. Ahora es más corto. Repito que, si me equivoco, hay que leer mi anterior artículo. Justicia en elecciones 2019

Supresión del Consejo General del Poder Judicial.Mérito y capacidad en los nombramientos de jueces y magistrados. Incompatibilidad de la carrera política con la carrera judicial y fiscal. Imposibilidad de remover a jueces y fiscales en asuntos penales de corrupción.
Exención de tasas judiciales (excepción de grandes empresas que hagan uso frecuente de acceso a la jurisdicción)
Turno de Oficio prestado por Letrados libres e independientes y gestionado por los Colegios de abogados, que velarán también por la calidad del servicio prestado.
Formación de un cuerpo especial de jueces sustitutos.
Más juzgados civiles y mercantiles.
Potenciar la mediación, el arbitraje y la conciliación para evitar más litigios.
Modernización informática de los Juzgados para unir los sistemas de las comunidades Autónomas y los de la Fiscalía.

Escasito pero bueno. Justicia en elecciones 2019

PARTIDO POPULAR. JUSTICIA ÁGIL Y DE CALIDAD

El Partido Popular propone una “Estrategia Nacional de Justicia” y promover una Justicia acorde a la realidad del siglo XXI que la fortalezca como servicio público de calidad orientado a las necesidades de los ciudadanos.
POTENCIAR LA INNOVACIÓN PARA QUE LA JUSTICIA SE DEFINA POR SU AGILIDAD Y SU EFICACIA
Modernizar nuestras leyes procesales, basadas en actuaciones en papel, incluyendo nuevos procedimientos electrónicos en cada una de las leyes procesales, potenciando así su agilidad y adaptándolos a las nuevas tecnologías. Presentar un nuevo Código Procesal Penal que agilice los tiempos de la Justicia, refuerce las garantías procesales y que esté adaptado a las nuevas realidades sociales. Fortalecer la figura del Ministerio Fiscal, ampliando su papel en el proceso.
Potenciar el desarrollo de fiscalías especializadas, principalmente en aquellos ámbitos que despiertan mayor preocupación social, como en los casos de la protección de personas con discapacidad o de propiedad intelectual.

Potenciar el arbitraje y la mediación creando un marco que otorgue un papel protagonista a la ciudadanía, devolviendo la capacidad de resolver sus conflictos bajo los principios de libertad y seguridad; ofreciendo así alternativas que incluyan la mediación en su doble vertiente de método complementario y alternativo; y fomentando el arbitraje para que con ello España pueda presentarse en el tráfico jurídico mercantil como un Estado competitivo en este ámbito.
Impulsar una Justicia digital, abierta e innovadora, que cuente con los medios tecnológicos que
son una realidad en nuestro día a día, para prestar un servicio de calidad a los ciudadanos y facilitar a los profesionales de la Justicia instrumentos que la doten de mayor agilidad.

Culminar la incorporación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia promoviendo, entre todas las Administraciones Públicas, un sistema de gestión procesal común único en toda la Administración de la Justicia, creando un punto general de acceso para el ciudadano respecto de todos los servicios relacionados con la Administración de Justicia, desarrollando plenamente la firma electrónica de resoluciones e incorporando las aplicaciones informáticas de Justicia para dispositivos móviles, poniendo en funcionamiento los archivos judiciales electrónicos, continuando con la dotación a todos los Juzgados e instituciones policiales y penitenciarias de videoconferencia para ahorrar tiempo y dinero a los ciudadanos en declaraciones de testigos, peritos, demandantes, demandados y detenidos, con desplazamientos costosos que se podrían realizar desde su ciudad de origen.
Legislación inteligente: avanzar en la mejora de la calidad de nuestro ordenamiento revisando y simplificando las normas para una mayor seguridad jurídica y mejor comprensión.

Justicia en elecciones 2019

Aproximar la justicia al ciudadano aprovechando las nuevas tecnologías y potenciando iniciativas como la de “Justicia 24horas” o la Sede Judicial Electrónica. Mejorar los servicios al ciudadano en el ámbito de las gestiones del ciudadano en el Ministerio de Justicia. Fomentar la cita previa, reduciendo los tiempos de espera, simplificando los trámites y reduciendo la documentación requerida al ciudadano cuando ésta obre en poder de la Administración, desarrollando nuevos servicios y fomentando el uso de la tramitación electrónica. Seguir impulsando una Justicia gratuita de calidad que evite cualquier dificultad de acceso a la justicia y que permita que todos los ciudadanos, independientemente de su situación socioeconómica, puedan acceder a una justicia de calidad.

Impulsar una Justicia transparente, facilitando a los ciudadanos información estadística sobre la misma, así como información útil sobre la actividad de juzgados y tribunales. Trabajar por una “Justicia comprensible” en el lenguaje jurídico con un doble objetivo: mejorar la calidad y claridad de las normas, y hacerla más sencilla y comprensible para los ciudadanos. Fomentar un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales, atendiendo a sus necesidades incorporando medidas de reparación específicas para las víctimas menores de edad, aprobando un protocolo para la orientación sobre la forma de examinar, interrogar u obtener testimonio de un niño inmerso en un proceso judicial de manera que resulte plenamente garantista con sus derechos, especialmente el derecho a ser escuchado y evitando la segunda victimización de los menores, impulsando las “salas amigables”, creando en el entorno judicial un espacio apto para un co-lectivo tan vulnerable como lo son nuestros menores.

Ajustar la planta a las necesidades reales, llevar a cabo un Plan que mejore la distribución de las cargas de trabajo transformando unidades judiciales y creando otras nuevas donde sea necesario. Implantar Oficinas de atención a las víctimas y la Comisión de Seguimiento del Estatuto de la Víctima. Con ello también acercar la información a las víctimas, acompañándolas en las distintas situaciones que atraviesan en el proceso, con especial atención a las personas vulnerables. Avanzar en la actualización de nuestro derecho de familia para adaptarlo a las nuevas realidades sociales, con el fin de introducir mayores criterios de corresponsabilidad, teniendo como especial referente y principio el interés superior de los hijos menores. Potenciar el papel de los equipos psicosociales en la atención a las víctimas y a las personas más vulnerables que deben recurrir a la Justicia.

Agilizar la implantación de la Oficina Judicial y la Oficina Fiscal para garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos de los juzgados. Reforzar los medios personales y materiales asignados a la Abogacía General del Estado para garantizar la mejor defensa y representación de la Administración del Estado. Diseñar un nuevo modelo de Registro Civil, que continuará siendo público y gratuito y que estará basado en un sistema de gestión moderno para facilitar los trámites a los ciudadanos y mejorar su accesibilidad para los distintos tipos de gestiones, como ya sucede con la inscripción de nacimientos desde los hospitales.
Reforzar la seguridad jurídica preventiva y fortalecer el acceso del documento público al registro de la propiedad. Continuar dando un tratamiento transversal a la lacra de la violencia de género para que sea recogida en toda la legislación y en todos los servicios de la Administración de la Justicia. Reforzar la lucha contra la sustracción de menores por parte de uno de sus progenitores con un mayor control e incrementando la seguridad jurídica. Nombrar un Fiscal coordinador especializado en asuntos relacionados con la sustracción de recién nacidos.

Regular la acción colectiva para dar la posibilidad de que mediante un único proceso multitud de perjudicados por un mismo hecho puedan ver resarcidos sus derechos. Impulsar una Ley Orgánica del Derecho a la Defensa para una mejor regulación de este derecho y reforzando otros derechos y obligaciones conexos a éste, como la formación, la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente, la inviolabilidad de las comunicaciones, la deontología o el secreto profesional. Presentar reformas procesales en materia de desahucios, a fin de lograr un mayor grado de seguridad jurídica y de claridad normativa. Crear un título dedicado a los juicios de desahucio arrendaticios en la Ley de Enjuiciamiento Civil, poniendo fin a la dispersión de las normas en esta materia.

Incrementar el control de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios que acceden al Registro y asegurar que los clientes conocen con precisión las obligaciones que asumen y que sus derechos quedan perfectamente protegidos. Mejorar el tratamiento de la ejecución de bienes por incumplimiento de contratos de venta a plazos, leasing, renting o factoring de bienes muebles, proponiendo medidas para la agilización de aquellos procesos que requieren de una rápida resolución. Unificar y simplificar los procedimientos de ejecución dineraria, estableciendo un procedimiento único que se aplique a todos los órdenes y en todos los Servicios Comunes de Ejecución.

Promover un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial, reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros. Fortalecer la carrera de los profesionales de la Administración de la Justicia mejorando los procesos de selección, reforzando los programas de formación, así como el sistema de retribuciones. Potenciar la especialización de jueces y magistrados, contribuyendo con ello a la mejora de la calidad de la Justicia. Trabajar con todos los profesionales de la Justicia, haciéndoles parte coadyuvante de la Estrategia Nacional de Justicia.

Justicia en elecciones 2019

PSOE. JUSTICIA QUE PROTEJA NUESTROS DERECHOS

Seguir desarrollando la e-Administración, la Administración electrónica, de tal manera que en 2020 todos los procesos ante la Administración se realicen por vía telemática, siempre que la comunicación por vías tradicionales no sea necesaria. Se obligará a que todos los funcionarios, pero especialmente a los del ámbito de la sanidad, educación y servicios sociales, se comuniquen por vía electrónica con los ciudadanos, siempre que la comunicación por vías tradicionales no sea necesaria.

Establecer un nuevo sistema de acceso a la función pública que sea más compatible con el mandato constitucional de acuerdo con los Renovar el acceso a la Función Pública, promoviendo la igualdad de oportunidades para la preparación de las pruebas selectivas.
Fomentar que las Administraciones Públicas sean más productivas. Para ello, los complementos de objetiva, transparente, y ateniendo productividad de los empleados públicos se concederán de manera Racionalizar el gasto administrativo a criterios pre-establecidos de rendimiento profesional.

Con objeto de mejorar la organización, la productividad y el ahorro en instalaciones, servicios y energía, de forma progresiva a lo largo de la legislatura, debe generalizarse una organización y un horario de trabajo racionalizado y flexibilizado, que, incluyendo el recurso a medios electrónicos, permita una mayor eficiencia en la asignación de recursos humanos, así como el aumento de las posibilidades de conciliación entre la vida familiar y laboral. Además resulta necesario avanzar hacia la mejora de la descripción de los puestos de trabajo y de los marcos retributivos de los empleados públicos que ocupen los mismos perfiles en cualquier Administración.

Reformar la Justicia en España desarrollando las siguientes medidas:
Dar continuidad al esfuerzo para incrementar el número de jueces y fiscales, así como promover una reforma de la Planta judicial y de la Demarcación, elaborándose un nuevo Mapa territorial de la justicia, en consonancia con las necesidades actuales de la sociedad española, desarrollando las directrices señaladas por la Comisión nombrada al efecto en el año 2009.

Reformar el actual sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Adoptar un sistema de acceso que se fundamente más que en pruebas memorísticas, en la obtención de aprendizaje más contextual y analítico en el seno de la escuela judicial, a través del cual los futuros jueces y fiscales puedan abordar los problemas jurídicos que tienen que resolver de forma más actual. Un sistema engarzado por una parte con los estudios de postgrado y, por otra, con la realización de pruebas en los juzgados y con un período de prácticas de al menos un año bajo la supervisión de un juez titular. Ello permitirá al juez orientar su perfil profesional y solicitar, previa habilitación por una comisión plural nombrada al efecto, su incorporación como especialista a un determinado orden jurisdiccional.

Justicia en elecciones 2019

Asegurar, además, que todos aquellos que, por mérito y capacidad estén en condiciones de acceder a la carrera judicial puedan hacerlo sin que el factor económico sea un elemento excluyente. Para ello, el sistema de acceso requiere una nueva regulación que garantice el principio de igualdad de oportunidades a través de becas y ayudas.
Revisar el sistema de promoción en la carrera judicial y fiscal, fomentando la productividad de jueces y fiscales a partir de criterios objetivos, transparentes, y evaluables de manera independiente; y desarrollar los instrumentos necesarios para garantizar la responsabilidad de jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones.

Se establecerá una lista de espera judicial de asuntos, que será pública. La ley determinará qué se considerará como lista de espera judicial excesiva. En esos casos, el titular del juzgado, o tribunal, elaborará un Plan para la reducción de su lista de espera judicial, y la Ley determinará los efectos que el eventual incumplimiento del Plan tendrá en el desarrollo de la carrera del juez y, en su caso, en términos de eventuales sanciones.

Asegurar que los jueces puedan dedicarse a la resolución de los procedimientos y a la garantía de los derechos de los ciudadanos, encomendando la instrucción penal al Ministerio Fiscal. Los jueces se convertirán así en los auténticos garantes de la investigación y de todo el proceso penal. Se creará la figura del “investigado”, que será diferente de la del imputado y del procesado. Ningún ciudadano podrá ser imputado en una causa si no ha existido un proceso previo de investigación.

Culminar el despliegue de la nueva oficina judicial (NOJ), que comporta una organización mucho más eficiente de los recursos al servicio de la justicia. Proceder a una reforma en profundidad del sistema de seguridad jurídica preventiva (Notarios y Registrados), para evitar duplicidades, ahorrar costes a los ciudadanos, suprimir cargas burocráticas y sustituir el sistema de arancel por otro más acorde con el servicio público que se presta a los ciudadanos.
Aprobar un nuevo Código de Comercio (el actual es de 1885) y la reforma del libro IV del Código Civil “De las obligaciones y contratos” (1889), con el fin de potenciar la unidad de mercado y favorecer y actualizar las reglas que ordenan el tráfico jurídico y mercantil.

Implementar las TIC para asegurar que los juzgados y tribunales estén interconectados por vía telemática. Como regla general, todas las comunicaciones entre juzgados y tribunales serán electrónicas. También como regla general, todas las comunicaciones entre juzgados y tribunales y ciudadanos serán por vía electrónica. Los ciudadanos conocerán el estado de su expediente judicial por vía telemática. Asimismo, en 2020 se producirá la interconexión completa por vía telemática entre los registros dependientes de los poderes públicos con competencias en materia de justicia con los de otros organismos y administraciones. Aplicar la reciente reforma del Registro Civil, que permitirá agilizar los trámites en relación con documentos esenciales para la vida de los ciudadanos. Impulsar el acuerdo necesario para restaurar el respeto de los plazos y condiciones que la Constitución fija para la renovación de todos los órganos constitucionales.
Abordar, asimismo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar la administración de justicia al Estado autonómico de acuerdo con las reformas de los Estatutos de Autonomía aprobados durante estas dos últimas legislaturas.

Es bien. Se lo compro. Justicia en elecciones 2019

Justicia en elecciones 2019

Congreso y Senado

MI EPÍLOGO…

Justicia en elecciones 2019. Bueno, bueno y bueno… pues Uds mismos pueden verlo. Se han puesto las pilas pero me temo es inviable sin mayoría absoluta…o…pactos! En la mayoría de los programas, en esta materia, los preámbulos son muy manidos y repetitivos. Todos hablan de la idea de Justicia como “garantía última de los derechos y libertades de los ciudadanos”. Sus propuestas venden cuestiones de “macroeconomía” (cómo controlar el Gobierno del Poder Judicial, acceso a la judicatura, o crear leyes “ideales”) y dejan de lado la “microeconomía” (a los verdaderos justiciables y los problemas del “día-a-día”). Con más o menos acierto a la hora de explicarlo unos y otros, los problemas más antiguos tienen eco (congestión de juzgados y tribunales, dilación en pleitos, retrasos en la ejecución de resoluciones, nombramiento de jueces, justicia gratuita, tasas, turno de oficio), pero resulta curioso que su solución, modernización de la justicia, no se haya logrado todavía.

En resumen. Justicia en elecciones 2019. Hablan de agilizar y abaratar la justicia, de usar medios alternativos, de prevenir la corrupción, finalmente, pero ninguno promueve cambios reales y posibles en esta materia. Pueden prometer y prometen, pero ya no saben qué. Como siempre, todos los partidos se centran en poner más timoneles, incluso fuera del bote, cuando deberían contratar más remeros y darles formación. Como abogado, valoro positivamente los intentos de los políticos por hacer del turno de oficio un “oficio”, pero cuando uno calcula que un asunto del turno puede durar, a veces, casi dos años enteros por sólo 150 euros por un asunto, entiendo que seguirá siendo un mal permanente.

Me llama la atención que cada partido ha creado el programa según el lado donde está, no dónde piensa que estará, y habrá que ver cuando lleguen, si llegan, qué les pide Europa…Pocos se centran en los miles de “interesados” dentro de la administración (funcionarios de las oficinas judiciales, con exclusión de jueces y fiscales) que están trabajando sin medios y se les regula y controla su tiempo de trabajo, premia por objetivos al más trabajador, sanciona al vago, dota de formación continuada, medios inmediatos (ordenadores, escáneres, e-filling, certificados digitales, cámaras de video y audio) y de edificios amplios y seguros con zonas de trabajo correctas?

¿La respuesta? El día 28 de abril de 2019, sobre las 22 h. de la noche, y luego el 26 de mayo, misma hora.

NO DEJE DE IR A VOTAR. Justicia en elecciones 2019

Javier Beltrán-Domenech (agosto de 1969) ejerce como abogado desde 1995 en www.javierbeltranabogados.com y dirige www.divorciosalicante.es, www.herenciasalicante.es ; publica artículos cuando puede, y está inspirado, en http://www.javierbeltranabogados.com/blog-un-buen-abogado ; tiene ocurrencias varias en https://www.facebook.com/javierbeltranabogados/ ; hace videos en https://www.youtube.com/channel/UCln7rpKvf4ur2CE8bx9OTTQ y pone fotos muy chulas de vez en cuando en https://www.instagram.com/javierbeltranabogados/

Javier Beltrán-Domenech
jbeltran@javierbeltranabogados.com

¡Gracias por leernos! En 2020 cumplimos 25 años. Tras miles de asuntos judiciales a nuestras espaldas, sabemos que es imprescindible tener a su lado un buen abogado que le guíe por el complejo mundo judicial. La Justicia no existe sin un buen abogado a su lado.

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